El PSC analiza acciones penales por supuesto peculado por parte de Guadalupe Llori, por usar a un funcionario de la Asamblea como abogado particular.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y los seis integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) enfrentan siete acusaciones por incumplimiento de funciones en temas sobre calificación de proyectos de ley, juicios políticos, suspensión de sesiones, reglamentos, apelaciones y receso legislativo.
Guadalupe Llori enfrenta dos acusaciones por parte del bloque del Partido Social Cristiano (PSC) y los seis integrantes del CAL tienen cinco acusaciones planteadas desde el bloque Unión por la Esperanza (UNES) y por el asambleísta Gruber Zambrano, integrante de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN).
El obstáculo que deben salvar los acusadores es el mecanismo que se aplicará para la calificación de las denuncias, pues según el procedimiento contemplado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa el trámite de destitución de autoridades será el mismo establecido para la destitución de asambleístas; esto es, la denuncia debe ser calificada por el CAL. El conflicto surge porque los denunciados son los mismos miembros del CAL y no tienen suplentes.
Para los legisladores de UNES, PSC e incluso de Pachakutik, la presidenta de la legislatura debe remitir las tres denuncias con las siete acusaciones a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), para que verifique el cumplimiento de requisitos, y para el caso de la denuncia en su contra podrá ser calificada por el CAL, pero ella debería excusarse.
En cambio, en las acusaciones en contra de los seis vocales del CAL, el informe sobre el cumplimiento de requisitos debería pasar directamente al pleno de la Asamblea para la integración de la comisión pluripartidista que se encargará de investigar y procesar las denuncias.
Ricardo Vanegas del bloque Pachakutik comentó que los denunciados deben excusarse de conocer las denuncias en su contra, y si no tienen reemplazo, tendrá que ser el pleno del Parlamento el que busque el mecanismo para que se sustancie el proceso.
Cuestionó que la presidenta de la Asamblea haya planteado una medida cautelar en contra de la propia Asamblea porque eso es contra natura, pues nadie puede ser actor y demandado, que en ese proceso no se observó el derecho constitucional.
Consideró que está cantada la suerte de Guadalupe Llori, porque “se han ido sumando las voluntades para que ella se vaya, y no solo ella, sino todos los miembros del CAL”, anotó Vanegas tras anunciar que pedirá ante el pleno la remoción de Santiago Salazar, director jurídico del Parlamento, por haber demandado a los miembros del legislativo, pues “él ya no goza de la confianza de los asambleístas”.
El PSC, en este proceso, quiere ir un poco más allá de la denuncia en contra de Llori, y según el legislador Esteban Torres, a más de rechazar la intromisión de la justicia en asuntos legislativos, promoverán una queja en contra de los jueces que concedieron las medidas cautelares a favor de la presidenta de la legislatura.
También dijo que analizan la posibilidad de acciones penales por supuesto peculado por parte de Guadalupe Llori, por usar a un funcionario de la Asamblea como abogado particular en una acción en la que la Asamblea Nacional se demandó a sí misma. “Todo esto puede llegar a tener hasta vicios de peculado, por mala utilización de recursos públicos”, advirtió el representante del PSC.
Respecto al trámite de las denuncias, Torres comentó que el CAL deberá aceptar las denuncias e inmediatamente pasar al pleno para conformar la comisión multipartidista. Que estarán vigilantes de las decisiones que tomen los siete integrantes del organismo administrativo.
Ronny Aleaga de la bancada de UNES indicó que las denuncias planteadas en contra de los miembros del CAL deberán pasar a conocimiento del pleno, pero en el caso en contra de Guadalupe Llori los seis miembros del Consejo Administrativo sí pueden conocer y calificar la denuncia.
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