Apenas asumió el poder en mayo de 2021 emitió el Código de Ética para todos los funcionarios públicos, posteriormente firmó un memorando de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para crear un programa anticorrupción y en mayo de 2022 abrió la Secretaría de Política Pública Anticorrupcion.
A pesar de las iniciativas, en el transcurso de los 20 meses que Lasso lleva en el poder su administración se ha visto rodeada por señalamientos de presuntos actos de corrupción. Las posibles irregularidades abarcan venta de cargos, cobro de coimas para adjudicación de contratos, turbias entregas de contratos a empresas sospechosas y sobornos exigidos a contratistas.
Frente a estas presunciones el Gobierno se ha mantenido firme en su posición de negar cualquier participación en alguna red, estructura, esquema o entramado de ilegalidades. Y ha insistido en contribuir con las investigaciones de la Fiscalía.
Mientras el país se agita por las publicaciones del medio digital La Posta sobre la existencia de una supuesta red de corrupción en las empresas públicas, el presidente de la República aprovechó su participación en el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), para asegurar que en su gobierno se ha logrado generar empleo y reducir el número de pobres, gracias al combate a la corrupción. “Si usted me pregunta dónde está el secreto, pues luchamos contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción, el control de las finanzas públicas, del gasto público, evitar un despilfarro, genera recursos para poder invertir en lo social”, dijo Lasso el 18 de enero en el foro ‘Liderazgo para América Latina’.
Los escándalos se iniciaron en marzo del 2022, cuando Lasso llevaba menos de un año en funciones. Entonces salió a la luz un video donde tres personas hablaban de comprar el Viceministerio de Agricultura por $ 2 millones. Una de ellos fue Ernesto Ripalda, quien se identificaba como asesor del asambleísta Celestino Chumpi. Ripalda decía en el video que “los que están en el Gobierno me dijeron, sabes qué, tenemos una vacante y cuesta tanto”.
La polémica desembocó en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, el 31 de marzo, por el entonces ministro de Agricultura, Pedro Álava. El funcionario dijo que “tratan de mancillar la honorabilidad de este Gobierno y de este ministerio”.
Más tarde, en julio estalló el caso Danubio, relacionado con tráfico de influencias y ofrecimiento de cargos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y otras entidades. Se realizaron varios allanamientos y ocho personas fueron detenidas. La fiscal general, Diana Salazar, reveló que la investigación se inició por una denuncia planteada por la directora del Senae, Carola Ríos.
Dentro de las investigaciones se mencionó en su momento a Juan José Pons, exconsejero ad honorem del Gobierno en temas bananeros. Un mes después de los operativos, y ante múltiples cuestionamientos, el 8 de agosto el presidente Guillermo Lasso eliminó la figura “ad honorem” mediante el Decreto Ejecutivo 524.
Por el caso Danubio, Ítalo Cedeño, cuando era gerente general de Petroecuador, interpuso el 28 de julio una denuncia en la Fiscalía para que investigue y determine responsabilidades en el supuesto delito de tráfico de influencias en la empresa pública.
Al poco tiempo, Cedeño protagonizó una polémica por la que terminó saliendo del cargo. El exgerente admitió que su esposa, Martha Morlas, influyó en él para contratar personal “honesto” en Petroecuador, al menos durante su primer mes de gestión. Dijo que el presidente conoció la situación y que le expresó su comprensión. “El presidente me comprendió, porque le dije y él sabe que es verdad, que mi esposa trataba de influenciar positivamente en mí, con funcionarios honestos y tratar de que saquemos a esta gente corrupta. Sacamos a una cantidad de gente corrupta”, expresó. La reacción de Lasso, horas después, fue ordenar al directorio de Petroecuador que Ítalo Cedeño sea cesado en sus funciones.
La noche del 27 de octubre de 2022 la Fiscalía allanó la vivienda del entonces ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, como parte de la investigación por el presunto delito de cohecho.
El exfuncionario es investigado por su presunta relación con el ofrecimiento de cargos públicos a cambio de dinero. Al día siguiente del operativo en su casa, Vera renunció al ministerio.
Ahora, a menos de un mes de las elecciones seccionales y el referéndum del 5 de febrero de 2023, el caso que ha provocado un torbellino político arroja sospechas en gente de confianza del jefe de Estado
Exautoridades, funcionarios de alto rango y ciudadanos particulares son mencionados como parte de una supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Entre los nombres que suenan está el de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, quien se señalado como el supuesto líder de la organización.
Otro es Hernñan Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas (EMCO). El exfuncionario abandonó el país el 9 de enero, día en que salieron a la luz las primeras revelaciones. Luque llegó a Argentina, según el Gobierno.
El empresario Rubén Chérrez también aparece como presunto integrante del entramado. Él es amigo de Danilo Carrera y se especula que dentro de la red actuaba como operador del cuñado del presidente.
La Fiscalía denominó Encuentro al caso en el que se indagan posibles delitos en las empresas estatales. La madrugada del 20 de enero se realizaron allanamientos simultáneos en Guayaquil y Quito y se recogieron indicios. La vivienda de Carrera no fue parte del operativo.
Paralelamente, el Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea solicitó a la Contraloría que se inicien exámenes especiales a 3.792 contratos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Además, la Comisión de Fiscalización intentó desde agosto de 2022 que el expresidente de EMCO comparezca para que explique las irregularidades en las empresas del sector público.
La actitud del Ejecutivo frente a este caso ha ido cambiando conforme aparecían nuevos indicios. Se pasó de emitir un breve comunicado a que el presidente de la República disponga que los gerentes de todas las empresas públicas renunvien a sus cargos y que la Policía localice a Luque y Chérrez, entre otras medidas. Hasta se modificó el eslogan oficial de la Presidencia, ante la evidente coincidencia con el nombre con el que la Fiscalía bautizó a la investigación; así dejó de ser el Gobierno del Encuentro y ahora es el Gobierno del Ecuador.
A pesar de los recientes acontecimientos, el ministro de Estado, Francisco Jiménez, sostiene que no hay una estructura ilegal en el Gobierno. “No existe ninguna trama o estructura criminal en el Gobierno del Ecuador, hoy más que nunca. Un exfuncionario inculpado no representa, de ninguna manera, a un gobierno”, sentenció Jiménez y afirmó que Carondelet colabora con la Fiscalía.
La indagación previa está en curso. Hasta el 20 de enero no se reportaron detenciones de personas con fines investigativos.