Aunque Machala no es un cantón con actividad minera directa, encabeza la recaudación de regalías mineras en la provincia de El Oro. Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), hasta julio de 2024 se recaudó USD 6’185.979,44, de los cuales Machala recibió USD 3’780.928, es decir, más del 61% del total provincial.
Le siguen cantones con actividad minera histórica como Portovelo, Zaruma y Santa Rosa, aunque con cifras considerablemente menores.
Regalías mineras: ¿cómo se recauda y para qué?
El titular del SRI en El Oro, Julio Pimentel, explicó que el monto recaudado corresponde a dos tipos de regalías:
* Regalías convencionales: USD 4’057.870,22
* Regalías anticipadas: USD 2’128.109,22
Estas regalías equivalen a un 3% del valor de la venta del mineral en bruto, conforme a lo establecido por la Ley de Minería.
“Actualmente ese 3% se divide así: 60% para los GAD, y 40% para el Estado central, con el objetivo de financiar obras de infraestructura, salud, vialidad y agua potable. El SRI no decide en qué se invierte, pero según información que nos han compartido los municipios, una parte de esos recursos está destinada a proyectos como el asfaltado de vías, mejoramiento de espacios públicos y sistemas de agua potable, especialmente en zonas urbanas”, explicó Pimentel.
¿Por qué Machala concentra más del 60% de la recaudación?
La asesora tributaria Mariela Ambuludí señaló que esto se debe a que muchas empresas mineras registran su domicilio tributario en Machala, aunque operen en parroquias rurales de otros cantones.
“Legalmente, los tributos se pagan en el lugar donde está registrado el RUC de la empresa, no necesariamente donde se hace la extracción. Esto provoca una distorsión y una inequidad territorial muy evidente”.
Además, destacó que solo 214 de más de 1.200 concesiones registradas han pagado regalías, lo cual evidencia una alta tasa de informalidad o subdeclaración, según el SRI.
La ruralidad: sin regalías, pero con las consecuencias fatales.
Desde las zonas rurales, la indignación crece. Jorge Cabrera Espinoza, coordinador de CONAGOPARE El Oro, criticó duramente que las parroquias donde se explota el suelo y se enfrentan los impactos ambientales sigan excluidas de los beneficios económicos.
“Es inadmisible que una ciudad como Machala reciba más de tres millones de dólares sin tener minería activa, mientras parroquias como Arcapamba o Malvas, que sufren contaminación y escasez de agua, no han recibido ni un solo dólar en regalías”.
También cuestionó que no se cumplan aspectos legales como la consulta previa, la reforestación y la compensación por daños ambientales contemplados en la Ley de Minería.
Cabrera hizo referencia a los artículos 67, 70, 80 y 93 de la Ley de Minería, que establecen obligaciones como el resarcimiento de daños, la participación ciudadana, la reforestación de zonas intervenidas y la entrega del 5% de utilidades a los gobiernos autónomos descentralizados:
“Nada de eso se cumple. En parroquias como Malvas, Arcapamba o Torata, no hay acceso al agua potable porque las vertientes están secándose. Y no existe ningún plan de reforestación ni consulta previa en proyectos como Cangrejos, que será minería a cielo abierto. ¿Quién responde por eso?”.
¿A dónde va el 60% que corresponde a los GAD?
Actualmente, la distribución del 60% de las regalías que corresponde a gobiernos locales se divide así:
* 45% para la Prefectura
* 35% para los municipios
* 20% para juntas parroquiales
Cabrera denunció que ninguna junta parroquial ha recibido directamente esos recursos:
“Estamos marginados. Vemos cómo Machala mejora su infraestructura urbana con regalías, mientras nuestras parroquias siguen con caminos intransitables y sin servicios básicos”, afirmó.
En la parroquia rural Torata, del cantón Santa Rosa, su presidente Rolando Torres confirmó que pese a contar con concesiones mineras (en proceso), no se ha recibido ni un centavo por regalías mineras.
“Aquí se extrae oro, pero no se ha invertido absolutamente nada. No se han hecho obras ni se han entregado recursos. Solo hay un proyecto de educación para adultos en El Guayabo, financiado directamente por una empresa minera como parte de su responsabilidad social, pero no por regalías”, indicó.
Julio Pimentel, reconoció que existen brechas en la formalización del sector y aseguró que se está trabajando en mejorar el control, en coordinación con ARCOM.
“Estamos haciendo brigadas territoriales para fiscalizar, capacitar y cruzar información. Esperamos que para 2025 la recaudación minera en El Oro crezca al menos un 20%”.
Además, anticipó que se trabaja en una reforma del anexo minero, para que la declaración de producción sea más precisa y refleje la realidad de cada concesión.
El llamado a una reforma estructural CONAGOPARE insiste en la necesidad de reformar el modelo de distribución:
* Aumentar del 6% al 10% el presupuesto nacional para gobiernos parroquiales.
* Que la Prefectura transfiera al menos USD 70.000 anuales a cada una de las 50 parroquias rurales.
* Y que se legisle para que las regalías se queden en el territorio donde ocurre la explotación, no donde se firma el contrato.
“Mientras esto no cambie, la minería seguirá generando riqueza para unos pocos y abandono para las comunidades que entregan su territorio”, concluyó Cabrera.
