En tiempos de miedo colectivo, una sola palabra parece explicarlo todo: guerra. Guerra contra la delincuencia, guerra contra el crimen, guerra contra el enemigo interno. Se repite como consigna, como justificación y como ruta única de gobierno. Pero la pregunta que muchos ciudadanos se hacen en silencio y que hoy debe decirse en voz alta es simple y profunda: ¿hasta cuándo?
Combatir la delincuencia es una obligación irrenunciable del Estado. Nadie discute eso. Lo que sí debe discutirse, desde la ética pública y la Constitución, es la normalización de un estado permanente de guerra, sin plazos claros, sin evaluación pública de resultados y sin límites explícitos al poder.
El miedo como herramienta política: Cuando el miedo se instala como política, el debate se empobrece. Toda pregunta crítica es vista como traición; toda exigencia de resultados, como falta de patriotismo. Así, la seguridad deja de ser una política pública integral y se convierte en un relato que pide obediencia, no participación.
Desde una perspectiva ética, gobernar a través del miedo es problemático. El miedo paraliza, silencia y acostumbra. Un pueblo que vive con miedo termina aceptando como normales medidas excepcionales, sacrificios sin explicación y decisiones sin rendición de cuentas.
Nuestra Constitución es clara: incluso en contextos de grave inseguridad, el poder del Estado tiene límites.
Los derechos no son concesiones del gobierno; son garantías frente al poder.
El uso de la fuerza, los regímenes excepcionales y las medidas extraordinarias deben cumplir principios básicos: legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y control. Cuando la “guerra” se vuelve indefinida y sin evaluación pública, esos principios empiezan a diluirse.
La seguridad democrática no se construye solo con armas, operativos o discursos duros. Se construye con: instituciones que funcionen, justicia eficaz, políticas de prevención, oportunidades reales, y respeto irrestricto a la dignidad humana.
¿Hasta cuándo? La pregunta ¿hasta cuándo? no busca debilitar al Estado.
Busca fortalecerlo.
¿Hasta cuándo la guerra reemplazará a una política integral de seguridad?
¿Hasta cuándo se pedirá sacrificio ciudadano sin resultados estructurales visibles? ¿Hasta cuándo el miedo será excusa para reducir el debate público?
Una democracia madura no renuncia a la seguridad, pero tampoco renuncia a la libertad, la deliberación y el control ciudadano. La seguridad sin democracia no es seguridad: es fragilidad autoritaria.
El ciudadano no está obligado a aplaudir sin preguntar. Está legitimado, constitucional y éticamente, a exigir: planes claros, metas verificables, plazos definidos, y rendición de cuentas.
Porque cuando el miedo gobierna sin límites, la libertad se pierde poco a poco, casi sin que nadie lo note.
La seguridad que necesitamos no es la del silencio impuesto, sino la de un Estado fuerte, controlado por la ley y vigilado por su pueblo.
Y por eso la pregunta sigue en pie, más vigente que nunca:
¿hasta cuándo?
