Quito.- La tarde del 24 de julio del 2025, Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno de Daniel Noboa, informó que empezará un proceso de desvinculación, despido de 5.000 funcionarios públicos. La salida de trabajadores será del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Este recorte administrativo busca reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del Estado. La vocera fue enfática al aclarar que los sectores de salud, educación y seguridad —incluidos médicos, enfermeras, docentes, policías y militares— no serán afectados por los despidos. Sin embargo, sí se contempla la salida de personal administrativo vinculado a estos sectores.
Según explicó Jaramillo, la medida responde a criterios de eficiencia institucional. “Este proceso de desvinculación está iniciando el día de hoy y tiene un carácter, una naturaleza y un objetivo que está basado en criterios de eficiencia”, declaró. Además, señaló que esta reestructuración abre espacio para “nuevos talentos que quieran trabajar y servir con responsabilidad, integridad y compromiso por el bienestar del país”.
El Gobierno precisó que los 5.000 funcionarios que serán desvinculados pertenecen mayoritariamente al ámbito administrativo del Poder Ejecutivo, incluyendo parte del personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de otras instituciones sujetas a procesos de fusión. También se incluiría personal identificado como relacionado con redes de corrupción o que «obstruye el trabajo» institucional.
En respuesta a rumores sobre una posible desvinculación masiva que afectaría a 100.000 empleados públicos, Jaramillo desmintió tajantemente esa cifra: “En este momento son 5.000. Los datos oficiales los estoy brindando ahora. No se habla de 100.000, esos no son datos oficiales”
La vocera del Ejecutivo insistió en que todo el proceso se llevará a cabo respetando la Constitución y las leyes laborales vigentes. “Las desvinculaciones se harán cumpliendo todo lo que está en la norma y en la Constitución”, recalcó. No obstante, no se detallaron los mecanismos específicos de evaluación utilizados para seleccionar a los funcionarios que serán cesados ni cuántas de esas plazas serán posteriormente reemplazadas.
La decisión forma parte de un plan estructural más amplio que contempla la reducción de 20 a 14 ministerios, así como la consolidación de secretarías de 9 a solo 3. Entre los cambios anunciados, se encuentra también la reubicación de entidades clave como el ECU-911 y el sistema de atención a adolescentes infractores del SNAI, que ahora estarán bajo el control del Ministerio del Interior.
El Gobierno también aseguró que se respetará el derecho a la protesta pacífica por parte de los trabajadores afectados y de los sectores sociales. “Pueden hacerlo, están en total libertad y tienen derecho de hacerlo sin ningún problema. No hay ninguna preocupación al respecto”, señaló Jaramillo, en referencia a posibles manifestaciones.
«La mayoría es funcionario de las áreas administrativas. No serán profesores, médicos, enfermeras ni fuerza pública», dijo Jaramillo. Consultada, aseguró que estos despidos no son una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Cada funcionario tiene un informe personal de por qué está siendo suprimida su partida», dijo Jaramillo, sin mayores detalles que permitan garantizar cómo se tomaron las decisiones. Aunque inicialmente señaló que no se han aplicado evaluaciones de las que se habla en la Ley de Integridad, luego la vocera dijo que la supresión de partidas responde a funcionarios que supuestamente obstruían el desarrollo de acciones que se deben realizar con absoluta eficiencia en cada cartera de Estado.
«Se chequeó qué funcionarios estaban obstruyendo el correcto desempeño de las carteras de Estado», agregó.
Jaramillo dijo que en pocos meses se abrirá una convocatoria para jóvenes, que quieran trabajar en el Estado y que estén comprometidos a cumplir con objetivos de cada cartera de Estado. «Basta de un Estado que no responde al ciudadano. Se creerán nuevas partidas, no las cinco mil, las que se consideren necesarias para dar el mejor de los servicios a los ciudadanos».
Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno de Daniel Noboa, contestó que sí habrá más despidos, luego de la fusión de secretarías y ministerios.
Periodistas insistieron en consultar por qué no se aplicó la evaluación de la que se habló en la Ley de Integridad Pública. Pero no hubo una respuesta clara al respecto. Semanas atrás, sindicatos de trabajadores agrupados en el Frente Popular adelantaron que tras la aprobación de esa norma habría despidos discrecionales.
