Las empresas comercializadoras y distribuidoras de electricidad son percibidas como ineficientes; los cortes de energía continúan de día o de noche, además de las fallas en la facturación. Por tercer año consecutivo se genera una ola de reclamos que concita la atención presidencial. Guillermo Lasso emitió el pasado viernes el Decreto Ejecutivo 74, en el que se establecen lineamientos respecto a la facturación eléctrica.
Durante el mandato de Lenín Moreno, en mayo del 2019, el secretario general de la Presidencia anunció que se había solicitado la renuncia al gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) por el caso de los cobros en exceso de planillas de luz. Se dijo entonces que la nueva administración se encargaría de corregir los errores cometidos en el proceso de lectura de los medidores.
Al año siguiente, el 22 de junio de 2020, y tras 84.000 reclamos presentados por el incremento en el cobro de las planillas de energía eléctrica en el país, el presidente Moreno dispuso la salida del director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) y que se empiece un proceso de remplazo de gerentes de empresas eléctricas en Ecuador.
Sin embargo, la operatividad no mejora. Cabría realizar una auditoría general para medir la eficiencia de las empresas eléctricas, detectar las falencias y proceder a remediarlas. Son alrededor de 2,5 millones de abonados quienes merecen recibir un buen servicio, pues la provisión de la energía eléctrica no es gratuita.
Esta semana, en Guayaquil, comenzó la revisión de los 630.000 medidores de energía eléctrica que hay en esta ciudad para detectar si hay equipos con fallas y proceder a remplazarlos.
El referido decreto señala que “las medidas deben garantizar los principios de solidaridad, equidad, eficiencia y responsabilidad social”. Es competencia del Ministerio de Energía coordinar su ejecución con la Agencia de Regulación y Control de Energía y las empresas eléctricas de distribución y comercialización a escala nacional. ¿La tercera será la vencida? (O)