La Comisión de Garantías Constitucionales recibió a representantes de organizaciones indígenas y académicos, para conocer sus observaciones en el marco de la fiscalización al VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades realizado en el año 2022.
En representación del pueblo Cañari, de la nacionalidad kichwa, participaron los activistas Lauro Sigcha y Rosalía Paguay quienes resaltaron que, “previo al censo objeto de esta fiscalización, no existió socialización, sensibilización, ni información respecto a la metodología censal utilizada”. Al respecto indicaron que el formulario usado para el censo no permitía la auto identificación plena y correcta entre las 14 nacionalidades 18 pueblos existentes en el Ecuador.
“La reducción estadística sufrida por los pueblos y nacionalidades indígenas y el pueblo afrodescendiente se da, no solo por fallas en la aplicación del censo, sino porque nuestra visibilidad, exigencias y derechos son un obstáculo para las empresas que impulsan proyectos extractivistas, como en Quimsacocha”, señaló Lauro Sigcha.
Mientras que Rosalía Paguay dijo que, “los censistas no conocían el idioma, ni las costumbres y mucho menos el ritmo de vida de las zonas rurales, lo que demuestra la desconexión de los resultados del censo con la realidad y pone en riesgo los derechos y reivindicaciones que requieren los pueblos y nacionalidades”.
El criterio académico estuvo a cargo de Silverio Chisaguano, excoordinador de la Comisión Nacional de Estadística de los Pueblos Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio (CONEPIA) y John Antón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Los expertos aportaron al debate realizando un recorrido histórico en cifras mencionando que los pueblos y nacionalidades deben gozar de la garantía en la participación de todos los procesos de producción de información estadística, como censos de población, económicos, agropecuarios, entre otros.
John Antón indicó que, “el pueblo afroecuatoriano, indígena y montubio tienen derecho a la visibilidad estadística y a una adecuada forma de identificación en los registros estadísticos, a fin de no ser víctimas de genocidios estadísticos que mermen su acceso a derechos a través de la creación de política pública”.
Finalmente, la presidenta de la comisión, Paola Cabezas destacó el importante aporte de los pueblos y nacionalidades, tanto como de la academia, para fortalecer este proceso de fiscalización. “Solo con su aporte contaremos con los insumos necesarios para impulsar reformas a la normativa vigente, que requiere incluir una visión que incluya a los pueblos y nacionalidades de todo el Ecuador”, subrayó.
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